El servicio de protección será "de carácter obligatorio y permanente para quienes el Ministerio de Seguridad considere que deban recibir custodia.
El Gobierno oficializó hoy las pautas de organización del servicio de protección y custodia presidencial, de la vicepresidenta, los ministros y ex presidentes, que establecen el carácter “obligatorio y permanente” de la custodia para quienes disponga el Ministerio de Seguridad conforme a “criterios objetivos”, tales como “las hipótesis de amenazas reales” que pudieran existir.
La resolución 389 de la cartera que conduce Patricia Bullrich, publicada hoy en el Boletín Oficial, especifica que el servicio de protección será “de carácter obligatorio y permanente para quienes el Ministerio de Seguridad considere que deban recibir custodia, desde que lo disponga y hasta tanto dicte acto administrativo en contrario”.
La custodia “se regirá conforme a criterios objetivos de seguridad, tales como la función, las circunstancias de las personas a custodiar y proteger, y las hipótesis de amenazas reales que dichas situaciones conlleven”, precisa el texto de la norma publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial.
Además, estipula que “si el custodiado pretende prescindir del servicio, deberá notificar fehacientemente su voluntad ante las autoridades de la Fuerza de Seguridad que le brinda el servicio”.
También indica que, “en caso de que el custodiado haga uso del servicio de manera intermitente, la fuerza de seguridad que preste el servicio deberá informar inmediatamente al Ministerio de Seguridad, quien procederá a retirar el servicio de protección de estado y custodia”.
Por otro lado, establece que, cuando esa cartera “considere que deba rechazar esa manifestación de voluntad, notificará al funcionario manteniendo la custodia por las vías que sean necesarias”.
La normativa establece tres niveles de protección, cuyos protocolos serán determinados por la cartera de Seguridad con “carácter confidencial” e indica que esos recursos “podrán ser incrementados o reducidos, de manera definitiva o transitoria, cuando situaciones de excepción eleven o minimicen la hipótesis de amenaza sobre el custodiado”.
En ese marco, el presidente y el vicepresidente con sus núcleos familiares componen el nivel 1, en tanto el nivel 2 lo conforman el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Seguridad y el secretario de Seguridad.
En el nivel 3, se encuentran los ministros y funcionarios que el Ministerio de Seguridad “considere deba brindar el servicio de protección de estado y custodia, y los ex Presidentes de la Nación”.
La medida oficial se conoce tras las denuncias de amenazas telefónicas que durante las últimas semanas recibieron diferentes dirigentes políticos y luego del incidente ocurrido en Mar del Plata, cuando el vehículo que trasladaba al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fue interceptado por manifestantes que reclamaban durante un acto en el barrio Belisario Roldán de la ciudad balnearia.
La resolución establece también que los vehículos y demás recursos materiales que sean necesarios para brindar la custodia “serán a cargo del organismo del cual dependa el custodiado, con excepción de los ex Presidentes de la Nación, para quienes se usarán los recursos materiales del ministerio de Seguridad”.
Asimismo, la norma regula que aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que sean afectados al servicio de custodia deben firmar un compromiso de confidencialidad y secreto profesional, con carácter de declaración jurada.
Finalmente, la resolución instruye a la Dirección General de Protección de Estado y a la Superintendencia de Custodia de la Policía Federal a “adecuar las custodias de los funcionarios incluidos en los tres niveles de protección a lo establecido en el plazo de 30 días” desde hoy.